La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) califica de escándalo mayúsculo que se beneficie de una manera tan descarada a una única entidad en detrimento del resto
Valencia, 30 de mayo de 2019. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) expresa su más profundo malestar ante los más que discutibles, y sin duda arbitrarios criterios, que ha seguido la directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, de la conselleria de Agricultura, María Teresa Cháfer, a la hora de conceder las ayudas establecidas para la distribución de frutas, hortalizas y leche en centros escolares de la Comunitat Valenciana. En concreto, y tal como se recoge hoy en el Diari Oficial de la Generalitat, el departamento dirigido por Elena Cebrián ha beneficiado con la totalidad del presupuesto contemplado para la mencionada línea de ayudas a una única entidad: el Institut Valencià D´Investigació i Formació Agroambiental (IVIFA), es decir, a la fundación creada por la Unió de Llauradors i Ramaders, mientras que el resto de las otras ocho entidades que presentaron solicitudes para acceder a estos fondos y prestar dicho servicio en los colegios.
Así, en la resolución firmada por María Teresa Cháfer se refiere que la entidad vinculada a la Unió de Llauradors recibirá una cantidad total de 1.828.062 euros -1.611.682 de los cuales proceden del programa de distribución de frutas y hortalizas y los 216.380 restantes del capítulo correspondiente al reparto de leche y productos lácteos en los colegios-, lo que equivale al presupuesto completo incluido en esta medida, de tal manera que ninguna de las otras ocho entidades que solicitaron las ayudas recogidas en esa línea mediante la presentación de planes y propuestas concretas para llevar a cabo esta iniciativa.
Las ocho entidades que han sido marginadas por la conselleria de Agricultura de un modo tan palmario son AVA-ASAJA, Fundación Sabor i Salut, Dharma Factory, SL, Sembra Agroecológica, Cireres Muntaya d´Alacant Coop.V, Sakata Seed Ibérica, SL, Associació Sociocultural del Riurau y Danone. «Nos parece un escándalo mayúsculo lo que ha sucedido -lamenta el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado- porque no es de recibo que se privilegie de un modo tan descarado a una única entidad en detrimento del resto».
Es preciso subrayar que en el seno de la conselleria de Agricultura conviven dos sensibilidades políticas distintas: la del PSPV-PSOE y la de Compromís y que la directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, María Teresa Cháfer, es miembro de este último partido. Sobre este punto el máximo responsable de AVA-ASAJA señala que «parece mentira que una formación política que ha hecho bandera de la transparencia y de la equidad actúe de esta forma, que no es propia de una democracia del siglo XXI. Esto no ocurría ni en las épocas de las grandes mayorías absolutas en la Generalitat, lo cual nos lleva a preguntarnos si en realidad no se estarán pagando favores políticos o qué otros intereses puede haber detrás de todo esto, porque es que ni siquiera se han preocupado por guardar las apariencias».
En los anexos de la orden de resolución publicada hoy se detallan los fondos a los que va acceder el IVIFA – es decir a todo el presupuesto disponible- al tiempo que el motivo alegado para rechazar al resto de solicitantes es, precisamente, «la falta de disponibilidad presupuestaria», con la única excepción de Sakata Seed Ibérica y Danone, de los que también se dice que entre su objeto social no figura la realización «de actividades dirigidas a mejorar los hábitos de consumo alimenticios de la población».
Eso sí, entre los criterios de reparto de las ayudas recogidos en el articulado de la orden la dirección general de Cháfer especifica que «el solicitante que obtenga mayor puntuación será autorizado como beneficiario directo de la ayuda. Este tendrá la condición de único beneficiario directo en el caso de que con su propuesta consuma la totalidad del presupuesto previsto para dicho programa. En caso contrario se seguirá autorizando a aquellos beneficiarios que hayan obtenido la siguiente puntuación hasta agotar los fondos disponibles», lo cual, en opinión de esta organización agraria, «viene a ser como ponerse la venda antes de la herida, como tratar de curarse en salud, como buscar un blindaje de legalidad por si estalla el escándalo y, en definitiva, como tratar de justificar lo injustificable».
