El Supremo ratifica la condena de dos años y medio de prisión para el exalcalde de Quartell y su asesor por los contratos zombies de Imelsa

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El alto tribunal considera probada la contratación simulada de Imelsa del exconcejal Mañez como coordinador de brigadas forestales

levante.com

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a dos años y medio de prisión impuesta al exalcalde de Quartell Francisco Huguet y al exconcejal Emilio Mañez de este municipio de Camp de Morvedre como cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en relación con la contratación simulada por la empresa pública Imelsa (ahora Divalterra) de Mañez como coordinador de Brigada Forestal.

Con anterioridad, en octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de València que condenaba a Huget y Mañez, asesor durante ocho años del excalcalde, a dos años y medio de prisión y a devolver a Divalterra (la empresa pública de la Diputación de València y heredera de la antigua Imelsa) los salarios indebidamente percibidos por Mañez como asesor de Huguet desde agosto de 2003 a agosto de 2007.

La irregularidad por la que ambos fueron condenados fue una práctica habitual en Imelsa durante años: el entonces gerente de Imelsa, Rafael Soler (para quien estos hechos habrían prescrito, por lo que no se le ha juzgado), contrató en 2003 a Mañez como brigadista de Imelsa (ante la imposibilidad de hacerlo con la nueva legislatura como asesor), pero en realidad ejercía de asesor de Huguet en la diputación.

Ahora el Supremo ha confirmado que los dos condenados tendrán que pagar conjunta y solidariamente a la empresa Divalterra 74.968 euros de indemnización por los salarios indebidamente percibidos por Mañez de abril de 2005 a agosto de 2007 y el finiquito.

Los hechos probados reflejan que el exasesor fue contratado como asesor del Grupo Popular de la Diputación de Valencia de 1999 a 2003, periodo en que trabajó como asesor de Huguet., entonces alcalde de Quartell y diputado provincial. Tras las elecciones municipales de 2003, Mañez, que también era concejal de dicho municipio, no fue nombrado por el pleno de la Diputación en el cupo de los asesores que correspondían al grupo popular.

Los dos condenados eran compañeros del mismo partido político, tenían negocios en común y les unía una relación de amistad. Según los hechos probados, con la finalidad de sortear la prohibición legal para que Mañez siguiera siendo asesor de Huget, el primero contactó con el gerente de Imelsa (sociedad pública participada al 100 % por la Diputación Provincial) para que le contratara “simulando” que la contratación era de coordinador de Brigada Forestal, pero con la intención de ejercer como asesor. De ese modo fue contratado en tres ocasiones (dos contratos temporales y el tercero indefinido). Durante ese tiempo, Mañez cobró el sueldo de coordinador de Brigada Forestal sin realizar dichas funciones hasta que fue despedido por el nuevo gerente de Imelsa.

La sentencia, ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, señala la amistad entre los dos coimputados recurrentes, sus negocios comunes; el que fuera diputado provincial y asesor, durante la legislatura de 1999 a 2003, el que a partir de esa fecha, aunque no fuera asesor en la diputación, sí que desarrolló las mismas funciones al ser contratado como coordinador de Brigadas Forestales, permaneciendo en el mismo despacho que anteriormente y sin realizar ninguna gestión o actividad para la empresa que lo había contratado.

Añade que de los hechos declarados probados, se deduce que la contratación como coordinador de Brigadas Forestales se realiza «con la finalidad de sortear la prohibición legal referida”, con la intención de que no desempeñara función alguna en la brigada forestal sino que siguiera ejerciendo de asesor del diputado provincial Francisco Huguet, el recurrente.

El Supremo desestima los recursos de casación interpuestos por los dos condenados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia que confirmó la dictada por la Audiencia Provincial por los citados delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

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